Antecedentes históricos y sociales de Yemen
Yemen ocupa la punta sur de la península Arábiga, un enclave cuya geografía ha marcado su destino desde la Antigüedad. Colindante con Arabia Saudí al norte y Omán al este, su litoral se extiende a lo largo del Mar Rojo y el Golfo de Adén; sin embargo, es el estrecho de Bab el-Mandeb el que confiere a Yemen un papel clave en el comercio marítimo mundial. Este pasillo, de apenas treinta kilómetros de anchura y dividido por la isla de Perim en dos canales —uno relativamente amplio y poco profundo al oeste, otro angosto y profundo al este— conecta el Mar Rojo con el océano Índico, convirtiéndose en ruta esencial para el tránsito de petróleo y mercancías entre Europa, Asia y África A lo largo de los siglos, esa posición estratégica no solo ha atraído caravanas y comerciantes, sino que también ha sido punto de confluencia de rivalidades imperiales y modernas.
La población de Yemen ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas, superando los cuarenta millones de habitantes en 2024, según estimaciones demográficas recientes. Su pirámide poblacional refleja un país joven: casi la mitad de sus habitantes (alrededor del 46 %) tiene menos de quince años, mientras que apenas un 2,8 % supera los sesenta y cinco. La densidad de población aumenta en las zonas costeras y los valles interiores, en particular en la región que rodea la capital, Saná, donde convergen flujos migratorios internos movidos por oportunidades de empleo y servicios. En términos étnicos, los yemeníes se identifican mayoritariamente como árabes, con agrupaciones minoritarias de afro-árabes, somalíes, pueblos mehri y habitantes de la isla de Socotra, todos ellos unidos por el uso predominante del árabe como lengua oficial.
Desde el punto de vista sociopolítico, Yemen se configura todavía como una sociedad profundamente tribal, donde las estructuras de parentesco y lealtad juegan un papel determinante. Más del 70 % de la población se reconoce miembro de una tribu, y en las regiones montañosas del norte coexisten unas cuatrocientas tribus zaidíes, cada una con sus propias normas de resolución de conflictos y sistemas de mediación interna. Estas entidades tribales han servido históricamente para suplir la ausencia de un Estado fuerte, ejerciendo funciones de gobierno local y amortiguando, en ocasiones, las tensiones sociales. A la vez, su autonomía ha representado un desafío para cualquier gobierno central que aspire a extender su autoridad de forma uniforme sobre el territorio.
El sustrato religioso de Yemen añade otra capa de complejidad a su tejido social. Aunque el islam es la religión abrumadora, dentro de él conviven dos corrientes principales: los musulmanes suníes, que representan alrededor del 65 % de la población y siguen mayoritariamente la escuela Shafiʽi, y los chiíes zaidíes, que conforman un 30-35 % y dominan históricamente el Alto Yemen. Esta división, aunque inicialmente coexistente, ha ido adquiriendo perfiles políticos a lo largo del tiempo, especialmente cuando la debilidad del Estado central ha permitido la reactivación de identidades locales y confesionales.
La formación del Estado moderno yemení tiene su punto de inflexión en 1990, cuando la República Árabe de Yemen (Yemen del Norte) y el Estado Popular y Democrático de Yemen (Yemen del Sur) se unieron en una federación formal. El 22 de mayo de ese año, ambas entidades proclamaron la República de Yemen en un acto que, en principio, se vendió como una unión voluntaria destinada a reforzar la estabilidad y la economía de ambas regiones. Sin embargo, las diferencias estructurales —tanto ideológicas como administrativas— se hicieron patentes pronto, especialmente tras la crisis económica de 1991 y la guerra civil de 1994, donde el sur intentó separarse y fue reprimido militarmente. Aquel episodio ya adelantó las fracturas internas que, décadas después, serían uno de los motores del conflicto en el Yemen contemporáneo.
Con este recorrido por la geografía, la demografía, la organización tribal, la diversidad confesional y el proceso de unificación, se sientan las bases necesarias para comprender las complejas raíces —históricas, sociales y políticas— del Yemen actual. Solo a partir de este contexto puede explicarse cabalmente el surgimiento de actores como los hutíes y la posterior dinámica de guerra civil que marcará el siguiente capítulo.
Orígenes y evolución del movimiento Houthi
El movimiento Ansar Allah —más conocido en Occidente como los hutíes— nació a finales de los años noventa en la provincia de Sa‘ada, al noroeste de Yemen, dentro de la comunidad zaidí. En aquel territorio montañoso, el zaydismo había sido durante siglos la rama dominante del islam y gozaba de una tradición política basada en la figura del imán. Con la revolución de 1962 y la instauración de la República Árabe, los zaidíes perdieron su estatus de élite y quedaron marginados por un régimen que favorecía a las tribus del sur y laicos alineados con el poder central. Hussein Badr al-Din al-Houthi, antiguo parlamentario y erudito zaidí, promovió entonces un renacimiento religioso y social que buscaba reivindicar la identidad y los derechos de su comunidad frente a la corrupción y el intervencionismo saudí y estadounidense.
La chispa que desató la insurgencia se produjo en 2004, cuando el Gobierno de Ali Abdullah Saleh lanzó una operación para detener a Hussein al-Houthi, acusándole de incitar al levantamiento. Aquella campaña concluyó con la muerte del líder zaidí en septiembre de 2004, pero no logró aplastar la rebelión: hasta 2010, se sucedieron seis fases de enfrentamientos —conocidas como las “Guerras de Sa‘ada”— que fueron fortaleciendo a Ansar Allah como fuerza armada y cohesión social en el norte de Yemen. A pesar de sufrir derrotas iniciales y graves pérdidas, el movimiento logró expandir su influencia aprovechando la debilidad del Ejército y la fragmentación tribal.
Tras la desaparición de su fundador, Ansar Allah profundizó su discurso antagónico contra el régimen de Saleh, al que acusaba de corrupción sistémica, de favorecer a poderes extranjeros y de despojar al pueblo yemení de su soberanía. Inspirados en parte por la resistencia chií del Líbano y el eslogan “Alá es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos y victoria para el islam”, adoptado tras la invasión de Irak de 2003, los hutíes articularon una narrativa de liberación nacional que conectaba la reivindicación religiosa con la lucha socioeconómica de los Zaidi.
En el ámbito interno, la muerte de Hussein al-Houthi consolidó el liderazgo de su hermano Abdul-Malik al-Houthi, quien logró transformar un grupo de clérigos y guerrilleros tribales en una estructura más jerarquizada y disciplinada. Bajo su mando, Ansar Allah creó redes de recaudación de fondos, tribunales religiosos y comités de seguridad que controlaban la vida cotidiana en Sa‘ada y municipios vecinos. Este proceso de institucionalización reforzó la identidad del movimiento como actor político y militar capaz de rivalizar con el propio Estado y, a partir de 2010, de coordinarse con otros grupos disidentes.
Para 2012, los hutíes ya habían extendido su dominio más allá de Sa‘ada, imponiéndose en buena parte de las gobernaciones contiguas de Amran, al-Jawf y Hajjah, y asegurando corredores de abastecimiento hacia la costa del Mar Rojo. Este avance no fue fruto únicamente de la fuerza de las armas, sino de una red tribal que permitía al movimiento mediar en disputas locales, ofrecer servicios básicos en zonas abandonadas por el gobierno y presentar una propuesta de orden alternativo. Aquella prefiguración de Estado insurgente sentó las bases para la ofensiva que años después llevaría a los hutíes a la propia capital, Saná.
El estallido de la guerra civil yemení (2011–2014)
En enero de 2011, Yemen se sumó al oleaje de movilizaciones de la Primavera Árabe. Miles de manifestantes, jóvenes y veteranos de la oposición, secundados por facciones tribales y partidarios de la sociedad civil, llenaron las plazas de Saná, Taiz y Adén exigiendo la dimisión de Ali Abdullah Saleh tras 33 años en el poder. La represión gubernamental fue implacable: entre enero y febrero se contabilizaron entre 200 y 2 000 muertos y centenares de heridos a manos de las fuerzas de seguridad y milicias progubernamentales, en lo que pasó a llamarse la “Primavera de la Dignidad” y que supuso el desafío más grave al régimen venta desde los años ochenta.
Bajo la mediación del Consejo de Cooperación del Golfo, en noviembre de 2011 Saleh suscribió un acuerdo de transferencia de poder que contemplaba su salida en febrero de 2012 a cambio de total inmunidad y la creación de un gobierno de unidad nacional. En febrero, tras unas elecciones en las que Hadi fue único candidato, el Parlamento aprobó la inmunidad presidencial y el 27 de febrero Saleh cedió formalmente la presidencia a su vicepresidente, Abdrabbuh Mansur Hadi. Este acuerdo, aplaudido en Occidente, prometía una transición ordenada, pero en la práctica resultó ser el inicio de un interregno cada vez más débil.
La etapa de Hadi al frente del país —entre marzo de 2012 y principios de 2014— se caracterizó por una alarmante falta de cohesión política. El denominado “Proceso de Diálogo Nacional”, que debería haber sentado las bases de una reforma constitucional y de un modelo federal inclusivo, concluyó en enero de 2014 sin abordar las aspiraciones del movimiento secesionista del Sur ni las reclamaciones del colectivo hutí en el Norte. La concesión de inmunidad a los antiguos responsables del régimen y la exclusión de actores clave generaron desconfianza y favorecieron el ascenso de milicias locales, mientras Al Qaeda en la Península Arábiga aprovechaba el vacío de poder para expandir su influencia en el este del país.
La tensión con los hutíes, que habían participado del diálogo a regañadientes, se agravó a lo largo de 2013 y 2014. Aunque en septiembre de 2013 se firmó un alto el fuego temporal y un anexo de seguridad que preveía la retirada de grupos armados y el restablecimiento de la autoridad estatal, los hutíes se negaron a ratificarlo. La persistencia de hostilidades en las gobernaciones de Amrán, Al Jawf y Marib y la inacción del Gobierno pusieron de manifiesto que la tregua carecía de mecanismos efectivos de cumplimiento, convirtiendo Saná en un polvorín político.
A partir de agosto de 2014, las protestas de los hutíes adquirieron un carácter decididamente político y militar. Coincidiendo con la decisión del Gobierno de Hadi de suprimir los subsidios a los combustibles —un gesto de austeridad que encareció el precio del combustible en un 60 %—, los insurgentes llamaron a manifestaciones masivas y bloquearon carreteras estratégicas. El 21 de septiembre de ese año, tomaron el control de Saná prácticamente sin resistencia institucional: la Casa Presidencial, el Parlamento y diversas bases militares cayeron bajo su dominio; el primer ministro presentó su renuncia y Hadi se vio obligado a refugiarse primero en Adén y después en Riad, desde donde solicitó la intervención de una coalición árabe.
Con estos acontecimientos culmina la fase inicial de implantación de un conflicto que, lejos de resolver las demandas de fondo, cristalizó en una guerra civil abierta. El fracaso simultáneo de la transición política, la fractura de las lealtades tribales y la aparición de un actor armado organizado como Ansar Allah sentaron las bases para la intervención regional que comenzaría en 2015 y para la profunda crisis humanitaria que se desataría a continuación.
Toma de Saná y consolidación de los Houthis (2014–2015)
En el otoño de 2014, tras meses de creciente tensión y fallidos intentos de mediación, los combatientes de Ansar Allah irrumpieron con decisión en la capital. El 21 de septiembre de 2014, sin que el Ejército regular opusiera resistencia significativa, ocuparon edificios clave del Gobierno y firmaron un acuerdo con la mediación de la ONU para formar un “gobierno de unidad” en el que los hutíes reclamarían una presencia reforzada en el Ejecutivo. Sin embargo, aquella aparente concesión no hizo sino fortalecer su confianza, y en los meses siguientes sus milicias se atrincheraron en los alrededores de los centros de poder.
A comienzos de enero de 2015 se produjo el golpe definitivo. Tras el secuestro del jefe de gabinete presidencial y el asedio a la residencia del primer ministro, las tropas hutíes lanzaron un asalto coordinado al Palacio Presidencial. En la madrugada del 20 al 21 de enero, los rebeldes abrieron fuego contra la guardia presidencial y, tras breves enfrentamientos, tomaron el control del palacio y de la residencia oficial del presidente Hadi, dejando claro que el acuerdo de unidad ya no tenía marcha atrás.
Atrapado en su propia casa y reducido a un rol meramente simbólico, el presidente Abdrabbuh Mansur Hadi vio cómo su autoridad se desmoronaba. El 22 de enero presentó su dimisión junto al resto del Gabinete, y un mes después, el 21 de febrero, logró escapar de Saná bajo la protección de aliados locales para refugiarse en Adén. No obstante, la inestabilidad continuó y, el 25 de marzo, Hadi viajó a Riad solicitando formalmente el auxilio de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí.
Con el vacío de poder en la capital, los hutíes pusieron en marcha sus propias estructuras administrativas. El 6 de febrero de 2015, apenas dos semanas después de forzar la dimisión de Hadi, instauraron un Comité Revolucionario que asumió todas las funciones ejecutivas y legislativas, disolviendo de facto el Parlamento y ocupándose de la recaudación de impuestos, la seguridad interna y la gestión de servicios básicos. Este órgano, aunque careció de reconocimiento internacional, cimentó las bases de un poder paralelo que desbordaba con mucho la capacidad de la autoridad central.
Mientras tanto, en las provincias bajo su control —tanto en el noroeste como en enclaves costeros del Mar Rojo— los hutíes reforzaron sus posiciones estableciendo puntos de control y comités locales que velaban por el orden público. Gracias a redes tribales afines y a la entrega de suministros, lograron presentar una oferta de estabilidad relativa en zonas donde el colapso del Estado había dejado un vacío de servicios. Esta combinación de fuerza militar, administración paralela y apoyo social en algunos sectores permitió al movimiento no solo retener Saná, sino proyectar su influencia como la nueva autoridad efectiva en buena parte del norte de Yemen.
Intervención de la coalición liderada por Arabia Saudí (2015–presente)
En marzo de 2015, la situación en Yemen alcanzó un punto de inflexión cuando Abdrabbuh Mansur Hadi, depuesto y atrincherado en Riad tras el avance de los hutíes, solicitó formalmente el auxilio militar de la Coalición de Estados Árabes del Golfo (CCEAG) bajo liderazgo saudí. El 26 de marzo, aquella coalición inició la Operación Tormenta Decisiva, con el mandato expreso de restituir al Gobierno reconocido internacionalmente y neutralizar la amenaza que suponían las capacidades balísticas y pesadas de Ansar Allah.
La fase inicial de la intervención se caracterizó por una campaña aérea intensiva y un bloqueo naval total, dirigidos a degradar la capacidad operativa de los rebeldes y crear un espacio seguro para una eventual ofensiva terrestre. Entre el 26 de marzo y el 21 de abril de 2015, aviones de combate saudíes, emiratíes y de otros miembros de la coalición llevaron a cabo miles de incursiones sobre depósitos de armas, posiciones hutíes y ejes de suministro en el norte y el oeste del país, mientras buques de guerra cortaban las principales rutas marítimas que abastecían Saná y el puerto de Hodeida.
Aquel esfuerzo militar no fue exclusivamente saudí. Además de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, la coalición incluyó a Bahrein, Kuwait, Catar (hasta 2017), Jordania, Egipto, Marruecos (hasta 2019), Sudán (hasta 2019) y Senegal, con aportes que iban desde misiones aéreas hasta tropas de tierra y contratistas privados. En un segundo plano, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá proporcionaron apoyo logístico, reabastecimiento en vuelo, inteligencia y, en algunos casos, instrucción a las fuerzas de la coalición.
El cerco naval y aéreo impuso un bloqueo estratégico que, si bien perseguía objetivos militares, afectó con severidad la llegada de combustible, alimentos y medicinas. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU advirtieron de los riesgos de hambruna y colapso sanitario en las zonas bajo asedio, mientras Human Rights Watch documentó ataques indiscriminados que, entre abril y agosto de 2015, causaron centenares de víctimas civiles en violación aparente del derecho internacional humanitario.
Cuando la coalición declaró haber cumplido sus objetivos iniciales, el 22 de abril de 2015 se abrió una nueva etapa bajo el nombre de Operación Restoring Hope. Este giro pretendía combinar la presión militar con tentativas diplomáticas y la apertura de corredores humanitarios, aunque en la práctica los bombardeos y el cerco continuaron mientras se exploraban fórmulas de negociación con mediación de la ONU.
A día de hoy, la intervención saudí permanece activa en su fase de “Restaurar la Esperanza”, marcada por ofensivas terrestres puntuales, tensos intercambios fronterizos y un contexto de estancamiento que ha dado lugar a un conflicto prolongado, con profundas consecuencias para la estabilidad regional y la población civil de Yemen.
Implicación regional e internacional: Irán, EE. UU. y actores secundarios
La dimensión externa del conflicto yemení se articula, por un lado, en torno al apoyo que Irán ha brindado a los hutíes y, por otro, en la asistencia militar y política que Estados Unidos y sus aliados han ofrecido al Gobierno de Hadi y a la coalición saudí. A su vez, actores como los Emiratos Árabes Unidos, Omán y potencias europeas han jugado papeles diferenciados, entre la intervención directa, la mediación o la provisión de ayuda humanitaria, lo que ha convertido a Yemen en un tablero donde se entrecruzan intereses geoestratégicos de primera magnitud.
Desde el estallido de la guerra civil, Irán ha sido señalado sistemáticamente como el principal patrocinador de Ansar Allah. Un informe de la ONU de septiembre de 2024 detalla cómo la Guardia Revolucionaria Iraní, junto con especialistas de Hezbolá y de milicias iraquíes, ha suministrado formación táctica, asistencia técnica y —de manera creciente— armamento avanzado, incluyendo misiles balísticos y drones de largo alcance. Esa colaboración ha transformado a los hutíes de un grupo insurgente local en una fuerza capaz de proyectar poder más allá de las fronteras de Yemen, hasta golpear objetivos en Arabia Saudí y participar en ataques coordinados contra Israel en el Mediterráneo Oriental.
Frente a ese respaldo iraní, Estados Unidos ha venido reforzando su implicación bajo dos ejes principales: el apoyo directo a las operaciones de la coalición liderada por Arabia Saudí —a través de reabastecimiento en vuelo, compartición de inteligencia y venta de armas—, y la ejecución de bombardeos selectivos contra infraestructuras y posiciones hutíes para proteger las rutas marítimas del Mar Rojo. Desde comienzos de 2025, la Casa Blanca autorizó una serie de ataques con aviones de combate y navíos de guerra para neutralizar lanzamientos de misiles y drones contra buques comerciales, aduciendo la necesidad de salvaguardar el comercio internacional. A pesar de ello, ONG como Human Rights Watch han cuestionado los impactos civiles de esas operaciones, subrayando que la precisión de la tecnología no siempre ha evitado víctimas entre la población.
Los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, mantuvieron durante años un papel dual. Mientras participaban en la coalición aérea y proporcionaban apoyo logístico, también fomentaron la creación de fuerzas locales en el sur de Yemen, con las que consolidaron una zona de influencia en el estratégico puerto de Aden y en la región de Marib. No obstante, a principios de 2025, el gobierno emiratí se desmarcó de planes de ofensivas terrestres tras negar cualquier negociación al respecto, en un gesto que evidencia tensiones internas en la coalición árabe sobre los objetivos y los costes de la guerra. En contraste, Omán adoptó una posición de mediador discreto pero constante: en mayo de 2025 facilitó un acuerdo de alto el fuego temporal entre el propio Gobierno de EE. UU. y los hutíes, extirpando durante unas semanas la amenaza de ataques a buques en el estrecho de Bab el-Mandeb.
En el ámbito multilateral, la ONU ha desplegado esfuerzos de mediación a través de su Enviado Especial para Yemen, Hans Grundberg. Su llegada a Saná en enero de 2025 puso de manifiesto la urgencia de restablecer canales de diálogo tras el recrudecimiento de los combates y los ataques en el Mar Rojo. El Consejo de Seguridad ha aprobado numerosas resoluciones que facultan al Panel de Expertos a investigar violaciones al embargo de armas, pero la efectiva implementación de sus recomendaciones se ha visto limitada por la complejidad del entramado regional y la falta de sanciones contundentes contra los violadores.
Por último, el carácter estratégico de la ruta marítima a través del estrecho de Bab el-Mandeb y el Mar Rojo ha elevado la guerra de Yemen a un escenario de seguridad global. Los ataques hutíes a buques de carga y petroleros —con drones navales y misiles antibuque— han interrumpido flujos comerciales críticos, obligando a muchas enseñas navieras a circunnavegar África. Esto ha provocado un incremento de los costes de transporte y una presión directa sobre los mercados energéticos y de materias primas. En respuesta, la coalición norteamericana y europea ha reforzado patrullas navales bajo mandato internacional, evidenciando que el conflicto yemení trasciende con mucho sus fronteras y amenaza los intercambios comerciales a escala planetaria.
Con este panorama de apoyos cruzados y rivalidades futbolizadas, el apartado regional e internacional del conflicto yemení muestra hasta qué punto las pugnas por la influencia, la seguridad marítima y la contención de la expansión iraní se han entrelazado con la tragedia humanitaria y la impasse política que vive Yemen. La pugna de poderes, lejos de aliviarse, sembrará las bases de los siguientes esfuerzos de paz y de los equilibrios —o desequilibrios— venideros.
Crisis humanitaria y derechos humanos
La guerra en Yemen ha desencadenado una de las crisis humanitarias más graves de nuestro tiempo. Según el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para 2025, aproximadamente 19,5 millones de personas requieren asistencia humanitaria y protección —1,3 millones más que el año anterior—, lo que representa casi dos tercios de la población total del país. Otros análisis especializados estiman que, de los 32 millones de yemeníes, 18,6 millones necesitan ayuda urgente y que cerca de 4,5 millones se encuentran desplazados internamente, cifra que sitúa a Yemen entre las cinco mayores crisis de desplazamiento del mundo.
La inseguridad alimentaria se ha disparado hasta niveles catastróficos. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras advierten de un alza constante en la malnutrición infantil: entre 2022 y 2024 sus equipos han atendido a más de 35 000 niños desnutridos, mientras que las proyecciones para 2025 señalan que 17,1 millones de personas —casi la mitad de la población— sufrirán inseguridad alimentaria, y que 2,2 millones de niños presentan malnutrición aguda, de los cuales casi la mitad están crónicamente desnutridos. Las reducciones en los programas de asistencia, sumadas a la pérdida de ingresos y a la inflación de los precios, han colapsado la capacidad de las familias para alimentar a sus hijos.
Al mismo tiempo, las infraestructuras sanitarias y de saneamiento han quedado devastadas. La prolongada interrupción del servicio de agua y la destrucción de sistemas de alcantarillado han facilitado la propagación de brotes de cólera. A 1 de diciembre de 2024, se habían notificado 249 900 casos sospechosos de cólera y 861 muertes asociadas, lo que convierte a Yemen en el país con mayor carga de esta enfermedad en el mundo. El colapso de numerosas plantas potabilizadoras y el bloqueo de rutas de suministro de combustible han impedido las campañas de vacunación y tratamiento, agravando el riesgo de muerte entre los grupos más vulnerables.
Las violaciones del derecho internacional humanitario se suceden sin freno. Más de 130 centros de salud han sido parcial o totalmente destruidos por bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí, infringiendo la protección que las normas de conflicto otorgan a las infraestructuras médicas. Por su parte, en territorios controlados por los hutíes se han documentado detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personal de la ONU y ONG; desde mayo de 2024 al menos 13 trabajadores humanitarios han sido retenidos en condiciones de incomunicación, lo que obligó a la ONU a suspender temporalmente sus operaciones en la provincia de Saada.
La infancia ha sufrido un golpe especialmente duro. Más de 2 millones de niños han abandonado la escuela debido a la inseguridad y al daño en las instalaciones educativas, mientras que la desnutrición aguda pone en riesgo la supervivencia de 500 000 menores, muchos de los cuales enfrentan también enfermedades prevenibles como el sarampión y la diarrea aguda. El daño psicológico y la privación educativa de toda una generación plantean desafíos de largo plazo para la recuperación social del país.
Frente a esta tragedia, la comunidad internacional se ha quedado muy por debajo de las necesidades. A mitad de año, el Plan de Respuesta Humanitaria de Yemen de 2025 había recibido únicamente un 9 % de los 2 500 millones de dólares requeridos, con solo 222 millones efectivamente aportados, lo que ha forzado el cierre de cientos de programas vitales y la reducción de puestos de atención médica y alimentaria. ONG como Médicos Sin Fronteras han reclamado de forma urgente la ampliación de la financiación, advirtiendo que sin un incremento sustancial los picos estacionales de malnutrición y enfermedad superarán por completo la capacidad de respuesta existente.
La magnitud de las cifras—millones de desplazados, casi veinte millones sin ayuda básica, cientos de miles de enfermos de cólera y decenas de miles de muertes por malnutrición—dibujan el retrato de un desastre prolongado y complejo. Superar este umbral exige no solo cesar las hostilidades, sino reconstruir desde las bases los sistemas de salud, educación y abastecimiento alimentario, así como garantizar el respeto efectivo al derecho internacional humanitario. Solo así podrá Yemen aspirar a cerrar este capítulo de su historia marcado por el sufrimiento civil y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Procesos de paz y perspectivas de futuro
Para sentar las bases de una paz duradera en Yemen ha resultado indispensable un proceso liderado por los propios yemeníes, respaldado por la comunidad internacional y sostenido en tres pilares esenciales: un cese efectivo de hostilidades, medidas de alivio económico y humanitario, y un diálogo político inclusivo. Desde 2022, la ONU, a través de su Enviado Especial Hans Grundberg, ha impulsado esta hoja de ruta, insistiendo en que únicamente un acuerdo negociado puede detener el derrumbe social y económico que padece el país. La llegada de Grundberg a Saná en enero de 2025, tras casi dos años sin visitar la capital, marcó un hito en la voluntad de reactivar el diálogo directo con las autoridades hutíes, así como con el Gobierno internacionalmente reconocido y otros actores clave.
El 6 de mayo de 2025 se logró un primer avance tangible con la firma de un alto el fuego entre Estados Unidos y Ansar Allah, suscrito gracias a la mediación de Omán. Este acuerdo, celebrado públicamente por Grundberg como “un paso importante y necesario de desescalada” en el Mar Rojo y en el propio Yemen, abrió una ventana de oportunidad para insistir en un cese de hostilidades a escala nacional y restablecer canales de suministro de combustible y alimentos esenciales. Aunque limitado inicialmente al ámbito naval y aéreo, el entendimiento demostró el valor de la diplomacia regional y de acuerdos parciales que, bien administrados, pueden servir como escalones hacia un armisticio más amplio.
Previamente, la aprobación del Acuerdo de Estocolmo en diciembre de 2018 y los protocolos de Hudaydah habían mostrado la capacidad de las partes para negociar puntos específicos —como el intercambio de prisioneros y la garantía de acceso humanitario al puerto—, pero su implementación se vio repetidamente erosionada por incumplimientos y falta de mecanismos de verificación. A esto se sumaron cortes de ruta, choques locales en Taiz y disputas tribales, que dejaron sin efecto buena parte de las disposiciones pactadas, poniendo de relieve la fragilidad de toda tregua que no sea acompañada de una supervisión neutral y de sanciones concretas en caso de violación.
Los distintos ciclos de negociaciones se han celebrado en varias sedes: Kuwait (2016), Ginebra (rondas de 2018–2019), Riad y Mascate, donde la ONU ha fungido de facilitadora, pero también donde han aflorado las agendas contrapuestas de Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. El reto ha consistido en conciliar tanto las demandas ideológicas y de seguridad de los hutíes como las reivindicaciones territoriales y de reparto de poder de los del sur —particularmente del Southern Transitional Council— y las aspiraciones del Gobierno de Hadi, todo ello bajo la presión de actores externos que elevan el coste de la cooperación.
En el centro de la negociación política se sitúan tres cuestiones claves: el alcance de un alto el fuego definitivo, el intercambio de detenidos y el restablecimiento de la autoridad del Estado en los servicios esenciales. El Acuerdo de Riad de 2019, dirigido a normalizar la relación entre el Ejecutivo y el STC en el sur, ejemplifica la complejidad de construir consensos internos antes de abordar un pacto a nivel nacional. La falta de avances sustantivos en la implementación de aquel pacto —y las posteriores tensiones en Adén— ilustran hasta qué punto los acuerdos tienen que cuidarse tanto de las ambiciones secesionistas como de la recomposición postconflicto de fuerzas de seguridad y de lealtades tribales.
Mirando al futuro, se vislumbran varios escenarios posibles. Un modelo de federalismo, inspirado en los seis distritos propuestos por la Conferencia de Diálogo Nacional, podría distribuir el poder de modo más equilibrado y calmar los deseos de autonomía regional. Sin embargo, su aplicación exige un compromiso gradual y el concurso de todas las partes, de lo contrario corre el riesgo de transformarse en un mero reparto formal de competencias sin garantías reales de ejecución. Por otro lado, la partición de facto entre norte y sur, o el fenómeno de “hezbollización” —en el que los hutíes transitarían hacia un rol político formalizado bajo el paraguas de la Guardia Revolucionaria iraní— o incluso la “talibanización” de la dinámica insurgente, no pueden descartarse si fracasa la vía federal.
Sea cual sea el modelo definitivo, todas las visiones coinciden en la necesidad de un proceso negociado que atienda de manera simultánea a la seguridad, la legitimidad política y la reconstrucción económica. Solo así podrán reconstruirse las instituciones, restablecerse las infraestructuras y ofrecer perspectivas de empleo y bienestar a una población agotada tras una década de guerra. El desafío no es menor: implica coherencia en la aplicación de los acuerdos, garantías efectivas de seguridad y un apoyo internacional constante y coordinado.
Al cierre de éste artículo, cabe resaltar que la paz en Yemen no llegará de una sola vez, sino por medio de pasos graduales que vayan cumpliendo los compromisos asumidos. Desde la imposición de un alto el fuego creíble hasta la rehabilitación de carreteras y puertos, pasando por la reconciliación entre yemeníes y el restablecimiento de la confianza en sus instituciones, cada avance es tan esencial como frágil. Solo si las partes muestran coraje para ceder posiciones y la comunidad internacional persiste en acompañar el proceso con incentivos y presiones equilibradas, se abrirá el horizonte de un Yemen estable, próspero y verdaderamente unido